La cuarentena obligatoria representa un cese en las actividades laborales de los migrantes afrodescendientes, muchos de ellos dependen de sus ingresos diarios, fruto de la venta en las calles.

Por Kesner Jean Mary* y María Alejandra Pretel León

El 11 de marzo de 2020 la OMS informó que la propagación del COVID-19 alcanzó el nivel de una pandemia global. Frente a esta crisis, la mayoría de los gobiernos, incluida Argentina, adoptaron medidas estrictas. El 19 de marzo el gobierno nacional decretó el aislamiento social y obligatorio (cuarentena) para que se efectuara a partir de las 00h del viernes 20 de marzo. Luego de su doble prórroga, la cuarentena obligatoria se ha extendido hasta el 26 de abril.

Esta decisión tiene consecuencias negativas en cierta parte de la población y los migrantes africanos están entre los perjudicados: muchos se dedican a trabajos informales y esto representa una inestabilidad en sus fuentes de ingresos. La propagación del COVID-19 y las medidas del aislamiento social adoptadas impactan significativamente en la vida y los derechos de los migrantes. Este contexto (sin precedentes) ha reforzado la situación de inseguridad económica, exclusión social y fragilidad psicológica que ya vivían a diario. De hecho, la cuarentena obligatoria representa un cese en las actividades laborales de los migrantes afrodescendientes. Muchos de ellos dependen de sus ingresos diarios, fruto de la venta de accesorios e indumentaria en las calles más transitadas de las principales ciudades argentinas.

Esa situación nos lleva a reflexionar sobre el racismo estructural e institucional que vivimos todos los migrantes afrodescendientes, lo cual sumado a la invisibilización de los grupos étnicos en Argentina deriva ineluctablemente en una estigmatización constante. Una muestra cabal de este estado de cosas es el hecho de que muchos de los migrantes africanos no son tomados en puestos de trabajo que se corresponden a sus profesiones, aún teniendo estudios universitarios (o el secundario terminado). Ni hablemos de empleos registrados. De allí que la única opción que muchos de ellos tienen sea vender productos en la calle. Encima, la violencia racista también les dificulta muchísimo alquilar, aunque económicamente pudieran hacerlo.

Sumado a la falta de oportunidades para los migrantes africanos, la violencia policial es moneda corriente para quienes se dedican a las ventas callejeras. Muchos han denunciado violencia física desde la institución y el hurto de su mercadería: trabajar se ha convertido en una zozobra ininterrumpida, un temor permanente a un posible ataque policial. En efecto, antes de que se decretara la cuarentena obligatoria, la trabajadora Beatriz Mechato Flores de 75 años (laburante de la vía pública de nacionalidad peruana, perteneciente al movimiento de trabajadores excluidos MTE) falleció tras ser atropellada huyendo de la policía, temiendo que le robaran su mercadería.

Desde la agrupación “Vendedores Libres” se manifestaron en un grito de ¡Justicia! por la vida de Beatriz y en un ¡Basta ya! de la violencia institucional hacia los vendedores ambulantes. Trabajadores del gremio, migrantes y argentinos se solidarizaron con la movilización y fueron duramente reprimidos por el gobierno de Larreta, en la ciudad de Buenos Aires. Esa misma semana se decretó el aislamiento obligatorio en todo el territorio argentino.

Ante esta situación: ¿Qué rol juega el estado? ¿Qué políticas sociales y económicas se implementan para los migrantes, muchos de ellos indocumentados por la ineficiencia del sistema migratorio? ¿Reconoce el estado argentino la vulnerabilidad de ciertos migrantes? ¿Qué políticas con enfoque diferencial tiene el estado argentino para las comunidades racializadas? El estado debería promover la justicia social, buscar la equidad entre los diferentes grupos sociales incluyendo a los migrantes, sin discriminarlos por ningún motivo. Sin embargo, la situación que hoy viven cientos de migrantes africanos ilustra la precariedad a la que están expuestos constantemente y las falencias del estado argentino en cubrir sus necesidades y brindarles derechos en tanto habitan el territorio.

En plena crisis sanitaria y en una especie de “cesantía indeterminada” para los trabajadores de la economía popular, se creó un subsidio desde el ANSES por $10.000 que acoge a: trabajadores y trabajadoras informales, trabajadores y trabajadoras de casas particulares, monotributistas sociales y monotributistas de categorías A y B (estos tres últimos corresponden a las categorías con ingresos brutos más bajos según la clasificación del ANSES).

Otras condiciones para aplicar al crédito del ANSES incluyen ser argentino o residente permanente y tener entre 18 y 65 años de edad. La condición de la residencia permanente priva a los migrantes con documentación temporaria, precaria o sin papeles vigentes, evidenciando que los auxilios ante la crisis actual excluyen a porcentajes de la población para nada despreciables. Lamentablemente, muchos de los migrantes africanos quedan por fuera de esta normativa (principalmente por no poseer DNI permanente). Algunos son refugiados y no tienen garantías para volver a sus territorios y a otros, simplemente, se les hace imposible regresar a sus países, menos aún en el contexto político global de una pandemia. Para la mayoría, volver no es una opción; quienes tienen a sus familias en las naciones africanas se preocupan por enviar dinero al exterior, no por recibirlo.

Como tanta otra tristeza, a la que te acostumbrás

La llegada masiva de migrantes africanos a Sudamérica empezó en 2010, cuando los controles migratorios se reforzaron en Europa y Estados Unidos. Muchos de ellos eligieron Argentina, y algunos arribaron en barco sin documentos de sus respectivos países complejizando así la posibilidad de regular sus condiciones migratorias.

Durante el kirchnerismo se gestionó un proyecto para legalizar su residencia pero tras la victoria de Mauricio Macri en 2015 hubo un giro radical en las políticas migratorias: concretamente, se incrementaron las tasas de los trámites para los ciudadanos extra-Mercosur (un monto de $6000 para el proceso más largo y en caso de querer acelerar el trámite $10000 adicionales, sumando un total de $16000). Aún así, el trámite no suele resolverse en el tiempo estimado y la implementación de una plataforma virtual llamada RADEX, donde se deben cargar todos los documentos vía web, dificulta el procedimiento para quienes no cuentan con una computadora en casa y, menos aún, con internet.

A esta situación se suma la falta de asesoría en la plataforma para completar los datos, pues algunos pasos son confusos y la sobrecarga de solicitudes impide que se cumplan con los períodos estipulados para obtener los documentos.

El 21 de enero del presente año, el secretario de Derechos Humanos de la Nación anuncia la creación de la Dirección Nacional de Equidad Étnico-Racial, Migrantes y Refugiados, a cargo del activista Carlos Álvarez Nazareno, integrante de la agrupación Afroxango y de la Comisión 8 de Noviembre que nuclea Afroargentinos, Afrodescendientes y Africanos en Argentina.

También cabe mencionar la elección de María Fernanda Silva, afroargentina miembro de la comunidad caboverdiana, licenciada en ciencias políticas y especialista en relaciones internacionales como embajadora en el Vaticano, con una trayectoria diplomática de más de 15 años. Estas acciones visibilizan la comunidad afroargentina, afrodescendiente y africana en Argentina, rompiendo con la concepción de un país europeo en América del Sur, negando su diversidad étnica. No obstante, la mayoría de espacios de poder carecen no sólo de personas afrodescendientes, sino en general de personas racializadas y es vital su inclusión en esos lugares para atender las necesidades de sus comunidades.

El estado debe garantizar la representación de todos los sectores de la sociedad y escuchar las voces más vulnerables, para no reforzar las desigualdades que sufren determinados grupos, como en este caso, los migrantes africanos.

El artículo 20 de la constitución argentina profesa: “los extranjeros gozan en el territorio de la nación de todos los derechos civiles del ciudadano; pueden ejercer su industria, comercio y profesión; poseer bienes raíces, comprarlos y enajenarlos; navegar los ríos y costas; ejercer libremente su culto; testar y casarse conforme a las leyes”.

Sin embargo, la persecución constante y las trabas (producto del racismo estructural) a que los migrantes africanos y afrodescendientes mejoren sus condiciones de vida en el territorio argentino son una muestra de que es un artículo válido para cierto tipo de migrantes, los más privilegiados, aquellos que contribuyen a las políticas de blanqueamiento del estado argentino.

La situación actual ahonda las desigualdades existentes y nos muestra las realidades más crudas, fruto de la exclusión social; por ese motivo, nos hace soñar con una Argentina que desnaturalice la marginación y discriminación a las comunidades más vulnerables. Este momento alumbra las desigualdades más profundas y es el deber del Estado aprovecharlo para garantizar las condiciones necesarias de una Argentina donde la justicia social que tanto resuena en los discursos pueda materializarse.