OPINION. En Centroamérica ejercer el periodismo es un deporte de riesgo. En los últimos días el programa de análisis político FocosTV de El Salvador, vio finalizado anticipadamente su contrato con Canal 33, luego de que el director del Canal también renunciara por diferencias editoriales.Por Victoria Musto.

Este hecho es preocupante dado que se suma a la larga lista de ataques que recibió la prensa salvadoreña desde la llegada al poder de Nayib Bukele. Pero El Salvador no es el único país de Centroamérica donde hacer periodismo es peligroso.

La investigadora y periodista Socorro Apreza Salgado, en su texto Libertad de Expresión y Derecho de los Periodistas, analiza en detalle la importancia de la libertad de expresión, de acuerdo a la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Allí, la autora resalta los dos aspectos desde los cuales debe ser entendido este derecho: por un lado, la libertad de expresar la opinión y por otro, el derecho a la información en sus tres manifestaciones: buscar e investigar, transmitir o difundir y recibir información plural y veraz. Es así, que la libertad de expresión y la libertad de información contribuyen a la calidad y al debate democrático, pudiéndose establecer el periodismo como un contralor del poder gubernamental de turno.

En las elecciones legislativas del mes de febrero en El Salvador, el presidente Nayib Bukele obtuvo una victoria arrasadora tanto en las elecciones municipales como en la Asamblea Legislativa. Es así, que el primer mandatario tendrá capacidad ejecutiva para actuar y también contará con el visto bueno del poder legislativo para tomar decisiones de gran envergadura, como por ejemplo modificar la Corte Suprema del país, designando magistrados afines a su partido.

Como si todo este poder no fuese suficiente, Bukele sostiene una tensa relación con la prensa salvadoreña. En el año 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio lugar a una audiencia tras la petición de dos organizaciones: la Fundación para El Debido Proceso (DPLF) y la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES); y cuatro medios de comunicación: Gato Encerrado, Revista Factum, el programa de televisión FocosTV – el mismo programa que hoy no está más al aire – y El Faro. Según informó El Faro, los periodistas expusieron que el Gobierno centralizaba toda la información impidiéndoles tanto su acceso como entrevistar a funcionarios, la criminalización del ejercicio periodístico y los comentarios estigmatizantes y difamatorios del presidente Bukele y sus allegados. También afloraron las evidencias de seguimientos e intervenciones ilegales de comunicaciones, la instrumentalización de organismos del Estado para atacar a medios y periodistas, y las amenazas contra mujeres periodistas. Posteriormente, la CIDH otorgó medidas cautelares para 34 miembros de este periódico debido a que encontró suficientes indicios de que los derechos del personal están en riesgo y la situación es de gravedad.

Sin embargo, estas no fueron las únicas señales de alarma. Una docena de senadores democrátas norteamericanos enviaron una carta increpando a Bukele por los ataques a la libertad de prensa. Los legisladores respaldaron las denuncias hechas y señalaron, en particular, su preocupación por los ataques a periodistas de El Faro, Gato Encerrado y Revista Disruptiva.

Es clave señalar, que estos medios han sido las principales voces en denunciar un posible acuerdo entre los funcionarios del gobierno de Bukele y las maras centroamericanas. Este acuerdo informal explicaría por qué han descendido los homicidios en El Salvador, en detrimento de la postura oficial que sostiene que la caída de la violencia es fruto del Plan de Control Territorial.

Con todo, si retrocedemos un poco en el tiempo, el país que se destacaba por hostigar periodistas era Nicaragua. Es importante recordar las agresiones que sufrió  El Confidencial y Esta Semana, cuando el régimen de Ortega – Murillo decidió llevar a cabo una confiscación y ocupación ilegal del edificio donde funcionaban dichos medios. Según informó su director, Carlos Fernando Chamorro – hijo de Victoria Chamorro –, la policía asaltó la redacción, robó 35 computadoras, un estudio de televisión, siete cámaras, dos editoras de televisión y decenas de accesorios de producción audiovisual. Asimismo, retuvo documentación contable e institucional de tres empresas, bienes personales e información privada en formato físico y digital. La ocupación ilegal de El Confidencial se dio en el contexto de las convulsiones vividas en el año 2018, cuando la población sostuvo más de dos mil marchas en contra de las reformas del sistema de seguridad social, que tuvo como saldo cientos de fallecidos. Con posterioridad, Ortega decidió ceder los edificios ocupados al Ministerio de Salud.

Por último, podemos mencionar el caso de Guatemala. Human Rights Watch ha sostenido que el presidente Giammattei y otras autoridades o miembros de las fuerzas de seguridad amenazaron u hostigaron a periodistas, mediante la vigilancia, la intimidación, la detención, el robo y las golpizas a periodistas que daban cobertura a manifestaciones o que investigaban hechos de corrupción. Asimismo, se han registrado hechos de violencia contra mujeres periodistas, aparentemente debido a su género, que en general consistieron en amenazas misóginas e insultos en las redes sociales. Parte de estas denuncias datan de las espectaculares jornadas del 2020, cuando el Congreso guatemalteco se vio – literalmente – en llamas por las protestas ciudadanas contra el presupuesto aprobado para el año 2021. Estos abusos se vieron agravados por el contexto de pandemia, dado que el derecho a la información se vio duramente restringido y el Estado no pone a disposición información confiable que permita un análisis informado y preciso respecto a la gestión de Giammattei de la pandemia.

En síntesis, en Centroamérica ejercer el periodismo es un deporte de riesgo. Con los sistemas de partidos diezmados o inexistentes, muchos portales digitales, así como ciertos medios tradicionales, se han configurado como la verdadera oposición política. Pero cuando el contexto es difícil y las noticias para dar no son para nada alegres, la tentación de culpar a los periodistas en vez de construir políticas de Estado que puedan dar respuesta a los conflictos estructurales que padecen los países centroamericanos, es grande. Esto no justifica que maten al mensajero.